En la cárcel de La Granja Penal del Porvenir, a 20 kilómetros de la ciudad de La Ceiba en Honduras, 70 personas han sido masacrada y 39 heridas el 5 de abril pasado. Dentro de las victimas, 66 son presos que pertenecían a maras, tres son mujeres en visita con una niña de un año, y una es policía. Los oficiales fabricaron la explicación, según la cual, los miembros de las maras habían disparado a otros prisioneros y se habían cubierto con barricada en células cuando cogió el fuego. Según un reporte de Amnistía Internacional, los "culpables" fueron "miembros de la policía, guardias de la prisión y soldados, así como prisioneros que trabajan con ellos," todos responsables por haber organizado el masacre introduciendo armas en la cárcel y incrementando las peleas entre mareros. La masacre del Porvenir no fue la única recién masacre de mareros en Honduras. Pocos días antes, 7 presos de una cárcel de San Pedro Sula fueron misteriosamente asesinados. El Comité de Familiares de Detenidos - Desaparecidos En Honduras (COFADEH ) habla de una "política oficial de exterminaciones autorizadas" que llama a una denuncia y a una condena internacional.

Ese fenómeno de asesinatos de jóvenes sospechosos de pertenecer a maras no es nada nuevo. Desde 1998, más de 2 200 casos han sido reportados. Numerosos testigos dan prueba de que a lo menos una vez a la semana, un "carro gris" o "rojo" llega donde viven los mareros. Los conductores, con sus caras tapadas, dan la orden a los adolescentes de quitarse la ropa para averiguar si tienen tatuaje (cualquiera que sea). Si tienen uno, son asesinados en seguida, generalmente con una bala en la nuca o llevados en los carros, torturados y desaparecidos. Nadie sabe quienes son esos escuadrones de la muerte. Algunos dicen que la policía esta involucrada. Otros hablan de grupos independientes pagados por empresas por fin de proteger a los negocios. Cualquier personas que sean, le gobierno hondureño "tiene responsabilidad por omisión, ya que no cumple sus obligaciones de garantizar la vida a los ciudadanos más vulnerables […]. El Estado también es responsable por no haber enjuiciado a los responsables," denuncia Bruce Harris, ex presidente de Casa Alianza. "El Estado de Honduras deja a individuos, grupos armados o a escuadrones de la muerte - a veces con la participación de agentes del Estado - participar en la "limpieza social", dejando así en manos de ellos hacer 'justicia', o su concepto distorsionado de la misma a través del asesinato de los supuestos delincuentes."

El fenómeno de las pandillas es un problema importante en América Central. Esas pandillas, llamadas "maras" son un producto "made in USA." El nombre de "mara" viene de "marabuntas", una hormiga africana gigante que devora todo en su paso. Durante los años 60, los "gangs" de los Estados Unidos se llamaron así con la meta de invadir a la ciudad de Los Ángeles. Los inmigrantes latinos recrearon las mismas estructuras en América Central.

La crisis económica que siguió el desastre ecológico del huracán Mitch, en noviembre 1998, incrementó el fenómeno de las maras en el país. Numerosas familias se quedaron sin alojamiento y sin salarios: hoy día, más de 300 000 niños viven en la calle. Para crearse una identidad social y un ambiente familiar, muchos de esos niños se unieron a una de las 475 maras en el país. Hoy día, se estima los miembros de las pandillas a unos 40 000, y a los simpatizantes a 120 000.

Delmer [del quien no podemos divulgar la identidad] vive en un barrio pobre de San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras. Tiene 23 años, y abraza a su hija de casi 2 años. Los tatuajes que le cobren casi enteramente el cuerpo no impresionan para nada a su hija. Cuando Delmer tenía 10 años, ingresó la mara la "Sur 13", después de que su padre dejó sola a su madre, sin dinero. "La mara era para mi familia" explica Delmer. "vivíamos todos juntos. Si uno no comía, nadie comía." Hoy, el joven, inscrito en un programa de reinserción social, se enfrenta a los asesinos de una gran parte de sus amigos, incluso su propio hermano. Teme por su vida y por la seguridad de su hija.

La mayoría de la sociedad hondureña considera a esos adolescentes como una "enfermedad social", "hormigas para destruir." Y la situación ha llegado a tal punto que cualquier joven rapado, con arete, un pendiente y una gorra puesta al revés, está considerado por la sociedad como un "marero" peligroso. Si tiene un tatuaje puede significarle una sentencia de muerte. Sin embargo, los miembros de las maras siguen siendo niños con gran necesidad de programas de reinserción social.

En Noviembre 2002, Ricardo Maduro ganó las elecciones con el programa de "cero tolerancia" en contra de la delincuencia. Desde entonces, los asesinatos de jóvenes sin enjuiciar a los responsables han incrementado de manera significativa. Las autoridades, oficialmente implicadas en 25% de los crímenes, parecen desguinzar a los asesinos en enfrentamientos entre pandillas enemigas, o aprovechan de las peleas entre maras sin intervenir para eliminar a esos elementos de la sociedad.

Hace un poco más de 3 años, el presidente Maduro perdió a su hijo durante un atento de secuestro. Muchos ven a los crímenes extra judiciales como una venganza personal. El presidente hondureño anunció el primer de Julio en la radio y la televisión que "no hay tema de mayor importancia para [su] gobierno que la guerra contra la delincuencia." El gobierno está ahora tomando medidas para reducir la edad punible de 18 a 16 anos, agravar las sentencias para los menores que cometen crímenes y fortalecer la policía. También se habla de restablecer el servicio militar así como la pena de muerte, mientras ningún fondo esta investigado en programas de reinserción social. Mientras eso, siempre más testigos acusan a miembros de la policía de torturar y matar a adolescentes.

Delmer ha experimentado la violencia de las autoridades hondureñas. La última vez que fue interpelado por la policía, volvía de una entierra en el cementerio de un joven que las autoridades habían matado. "Estaba sentado porque estábamos descansando con otros jóvenes. Llegaron y nos dijeron: levántense, montase al carro. Empezaron a hablarme mal. Me tomaron, me desnudaron, me tomaron con los pies arriba y con la cabeza en el piso. A uno de nosotros le metieron un tiro al pie cuando lo capturaron. Nadie se había corrido ni nada. Estábamos descansando. Nos golpearon con un bate de aluminio, en la cabeza. Ellos hacen lo que quieren con los jóvenes de allí."

Lo que pasó ese día a Delmer no es nada excepcional en el barrio. Uno de sus amigos, Víctor, acaba de ser victima de un tiro en la columna vertebral, dejándole paralizado a vida. "El había tomado, pero el no pertenecía a ninguna mara," cuenta Delmer. "No hacía nada, solamente estuvo tomando. La información que ellos dieron es que el corrió y que el era un peligroso ladrón, lo cual, era mentira... Pero aquí vale la información de ellos, no la de nosotros."

Ricardo Torres, coordinador del Programa de Recuperación de los Jóvenes Delincuentes en la organización Paz y Justicia, esta consciente que con todos esos casos de asesinos, "hay una cantidad de gente en este país que debe saber lo que esta sucediendo. Pero nadie quiere denunciar." Nadie, excepto a la jefe de Asuntos Internos del Ministerio Público, la subcomisionada María Luisa Borjas, quien, después de 25 años de servicio, denunció en octubre de que por lo menos 20 oficiales de la Policía Nacional participaron en ejecuciones extrajudiciales en el país. "Tengo las pruebas de que muchas evidencias están destruidas y manipuladas a fin que no se llegue a una conclusión", recalcó la subcomisionada. En seguida, Maria Luisa Borjas empezó a recibir amenazas de muerte, su personal fue reducido, su correo interceptado. Algunos meses después, fue suspendida por no tener las pruebas suficiente de lo que denunció. El Jueves 3 de julio pasado, los titulares de la Junta de Directores de la Policía Nacional, exigía de manera pública, que el ministro de Seguridad, Oscar Alvarez, después de hacer investigaciones en contra de la subcomisionada María Luisa Borjas, dan "responsabilidad administrativa y penal" a la subcomisionada porque ellos consideran que con sus denuncias "manchó y provocó deterioro irreparable a la imagen nacional" en el exterior.

Las ejecuciones extrajudiciales de parte de policías, sin embargo, no han sido denunciadas solamente por Borjas sino también por numerosas organizaciones de Derechos Humanos. La representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Asma Jahanhir, luego de una visita a Honduras, denunció el "clima donde se asesina a niños con impunidad." Lo que vio durante su visita "demuestra de manera evidente que niños son asesinados en Honduras por miembros de la fuerza de seguridad." El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Casa Alianza, Amnistía Internacional, y incluso la Iglesia Católica denuncian a las ejecuciones extrajudiciales y a la "pasividad" del gobierno.

La organización Paz y Justicia ayuda a los miembros de las maras a reinsertarse en la sociedad hondureña. Ya les han ayudado a limpiar las paredes de sus casas con los signos de pertenencia a las maras. Uno de los principios obstáculos a la reinserción de los ex mareros son los tatuajes que les cobren los cuerpos. Esos son sinónimos de muerte y de discriminación, ya que se obliga a los jóvenes de quitarse la ropa antes de aplicar a un empleo: si llevan uno, nadie les emplea. Quitarse un tatuaje de la piel con un láser es muy costoso y ningún de los jóvenes puede costearselo. Para ayudarles, la asociación Paz y Justicia encontró una manera de borrar a los tatuajes gracias a un proceso de infla rojo, muy largo y doloroso. A pesar de eso, el primer día que la organización disponía de la maquina, más de 200 adolescentes, quienes habían oído hablar del proceso, hacían la cola en frente de las puertas de Paz y Justicia, esperando que la organización iba a poder ofrecerles una nueva vida sin discriminación.

Hoy día, a pesar del desarrollo de programas de reinserción, un joven corre el riesgo en todo momento de ser asesinado. Los miembros de Paz y Justicia deploran la muerte de 25 de sus 60 jóvenes involucrados en procesos de reintegración social: "nos duele en el corazón de ver que esos jóvenes, implicados en programas de reinserción desde más de dos años, sean asesinados" dice Ricardo Torres. Desde las recientes masacres en las cárceles hondureñas, la directora de Paz y Justicia, Ondina Mirillo, llama a la prensa internacional: "tenemos miedo de que las masacres de jóvenes en nuestras cárceles queden con impunidad, como fue el caso en el país con todos los asesinos de esos últimos años. Todos esos asesinos organizados no nos impedirán seguir con nuestro trabajo de reinserción de grupos pandilleros, porque sabemos que esos adolescentes necesitan la ayuda de la población hondureña para dejar con la violencia y volver a ser jóvenes de bien."

Para ayudar a la organización Paz y Justicia en su trabajo de reinserción a los jóvenes:
Proyecto Paz y Justicia
Avenida la República con 13 calle
Segunda planta del Periódico La Tribuna
La Ceiba, Honduras
Telefax: 440 15 87
Email:ppyj@psinet.hn